Proyecto de Ley: S-1135/18: SUSTITUYENDO EL ART. 256 DE LA LEY 20.744 - CONTRATO DE TRABAJO -, SOBRE EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS PROVENIENTES DE LA EXTINCIÓN DEL VÍNCULO LABORAL, Y DEMÁS ACCIONES RELATIVAS A LAS RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO

Detalle del proyecto:

Fecha: 17/04/2018

El principio protectorio consagrado expresamente en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo nº 20.744 protege al trabajador que es la parte más vulnerable dado que, en la relación de trabajo, sólo cuenta con su capacidad de trabajo por lo que el empresario solo puede pactar con su empleado condiciones más favorables pero NUNCA más perjudiciales.

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación introdujo modificaciones sustanciales en materia de prescripción liberatoria respecto de los plazos, estableciendo como una de las más significativas, un plazo genérico de cinco años y ampliando a tres años el correspondiente a los daños derivados de la responsabilidad civil. Esto requeriría un cambio complementario en la LCT (que no ha sufrido modificación alguna), manteniendo el plazo de prescripción de dos años para las acciones derivadas del cumplimiento del contrato de trabajo. Al establecer un plazo inferior, la Ley de Contrato de Trabajo coloca al trabajador en una situación de desventaja, pues posee menos tiempo para reclamar por sus derechos, que el plazo genérico aludido, aplicable a todas las cuestiones relativas al cumplimiento de los contratos en general.

Se requiere una modificación de la LCT en concordancia con la nueva redacción del ordenamiento civil y comercial, ampliando el plazo liberatorio referido a las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral a tres años y a los cinco años las demás acciones relativas a las relaciones individuales del trabajo en general, de disposiciones de convenios colectivos de trabajo o laudos con eficacia de convenios colectivos de trabajo, disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo.

Esto es con la finalidad de que los trabajadores no vean disminuidos sus derechos emergentes de la relación laboral, en clara desventaja con las demás consecuencias nacientes de otras relaciones contractuales o no.

En ese orden de ideas, se mantiene la redacción original respecto el carácter de orden público de la norma y que los plazos no pueden ser modificados por convenciones tanto individuales como colectivas, salvo las acciones relativas al instituto de la Seguridad Social que prescriben a los diez años.

 

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