Proyecto de Comunicación: S-2361/16: SOLICITANDO QUE EL PEN DESIGNE A LOS REPRESENTANTES PARA EL CONSEJO FEDERAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS, CONFORME A LA LEY 26.364 -TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A

Detalle del proyecto:

Fecha: 24/06/2016

En abril de 2008 se sancionó la Ley Nacional N° 26364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. En diciembre de 2012, se la modificó a través de la Ley Nacional N° 26842, que entre otras cosas, aumentó penas, agilizó los procedimientos judiciales y eliminó la figura del consentimiento de la víctima, que hasta esa modificación diferenciaba entre las víctimas menores y mayores de 18 años.

Desde entonces, se entiende por trata de personas al “ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países.”

Se considera que explotación es: mantener a una persona en una condición de esclavitud; o someterla a prácticas análogas a la misma; u obligar a un individuo a que realice trabajos o servicios forzados; o mantener a una persona en condición de servidumbre; o promover, facilitar, desarrollar u obtener provecho de cualquier forma de comercio sexual; o, por último, la extracción ilícita de órganos humanos.

Esta realidad requiere de una serie de acciones capaces de encarar esta problemática en forma interdisciplinaria e integral. Así lo  recomienda la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) en su manual sobre la investigación del delito de trata de personas. El documento hace referencia a que la trata de personas, en general, y de niños, niñas, adolescentes y mujeres, en particular, es un flagelo internacional que requiere de una agenda global, regional y nacional para combatirlo.

Su complejidad y las diferentes modalidades de la trata de personas, la vulnerabilidad de sus víctimas y su carácter transnacional obligan a los Estados a asumir un papel activo e integrador que involucre a todos sus actores (organizaciones intergubernamentales, gubernamentales, y no gubernamentales, mesas o coaliciones nacionales) contra la trata de personas en un frente de lucha común donde la capacitación, en distintos niveles, enfoques y metodologías, se convierte en una tarea medular para mejorar la eficacia en el combate de la trata de personas

En este sentido la ley N° 26842, modificatoria de la ley N° 26364, prevé la creación de organismos que deberán garantizar la asistencia de las personas damnificadas por el delito mencionado. De esta manera en el artículo 18° se crea el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, con el fin de constituir un ámbito permanente de acción y coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a esta ley.

 

El Consejo Federal tendrá entre sus funciones:

a) Diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y explotación de personas, supervisando el cumplimiento y efectividad de las normas e instituciones vigentes;

b) Recomendar la elaboración y aprobación de normas vinculadas con el objeto de esta ley; y, en general, participar en el diseño de las políticas y medidas necesarias que aseguren la eficaz persecución de los delitos de trata y explotación de personas y la protección y asistencia a las víctimas;

c) Promover la adopción por parte de las diversas jurisdicciones de los estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que aseguren la protección eficaz y el respeto a los derechos de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas;

d) Supervisar el cumplimiento de las funciones correspondientes al Comité Ejecutivo creado en el Título V de la presente ley;

e) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y los informes que eleve el Comité Ejecutivo a fin de controlar la eficacia de las políticas públicas del área solicitándole toda información necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

f) Promover la realización de estudios e investigaciones sobre la problemática de la trata y explotación de personas, su publicación y difusión periódicas;

g) Diseñar y publicar una Guía de Servicios en coordinación y actualización permanente con las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de asistencia directa de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas;

h) Promover la cooperación entre Estados y la adopción de medidas de carácter bilateral y multilateral, destinadas a controlar, prevenir y erradicar la trata y explotación de personas. Esta cooperación tendrá como fin fortalecer los medios bilaterales, multilaterales, locales y regionales para prevenir el delito de trata de personas, posibilitar el enjuiciamiento y castigo de sus autores y asistir a las víctimas;

i) Impulsar el proceso de revisión de los instrumentos internacionales y regionales que haya suscripto la República, con el fin de fortalecer la cooperación internacional en la materia;

j) Redactar y elevar un informe anual de su gestión, el que deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación. Una vez aprobado, dicho informe será girado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para su presentación ante los organismos internacionales y regionales con competencia en el tema;

k) Aprobar el plan de acción bianual que elabore el Comité Ejecutivo;

l) Dictar su reglamento interno, el que será aprobado con el voto de los dos tercios de sus miembros.

 

Entendiendo la importancia de poner en funcionamiento al Consejo, en el año 2015 el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó parcialmente la ley, mediante el decreto 111/2015. La norma estableció que “los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las facultades conferidas legalmente y los profesionales de los organismos de rescate y asistencia a las víctimas, dentro de sus competencias, deberán informar de inmediato la identificación de posibles víctimas al juez o fiscal encargados de la investigación”.

Además, la ley procura que las víctimas de trata tengan un “primer contacto con profesionales especializados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que actuarán junto a los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad intervinientes”.

El texto también establece el procedimiento que deben seguir las distintas áreas del Estado para la atención de las víctimas rescatadas, estipula que el Estado puede constituirse como querellante en los procesos judiciales y dispone el funcionamiento del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, cuyos integrantes deben ser designados en el lapso máximo de 60 días.

El artículo 18° de la reglamentación estipula que será el Jefe de Gabinete de Ministros quien deberá convocar a la primera reunión del Consejo Federal. “Previo a la convocatoria, el Jefe de Gabinete de Ministros, requerirá a los organismos integrantes, que en un plazo máximo de SESENTA (60) días, designen a su representante, procurándose que los mismos sean funcionarios con rango no menor a Subsecretario de Estado o equivalente y que se desempeñe en alguna de las carteras encargadas de la prevención y/o persecución del delito y/o asistencia a las víctimas de trata de personas.”

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