Proyecto de Ley: S-2127/16: ESTABLECIENDO QUE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL TITULO I DE LA LEY 27.253 - REINTEGRO DE UNA PROPORCION DEL IVA POR COMPRAS EN COMERCIOS DE VENTAS MINORISTAS", SERAN FINANCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA NACION CON EL IMPORTE QUE LE CORRESPONDA

Detalle del proyecto:

Fecha: 09/06/2016

La iniciativa que propiciamos en el presente Proyecto tiene por objeto eliminar el impacto que producirá el plausible régimen de reintegro de una proporción del Impuesto al Valor Agregado por Compras en Comercio de Ventas Minoristas recientemente sancionado por este Congreso sobre los fondos que, en virtud del Régimen de Coparticipación Federal, perciben las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Queremos apresurarnos a aclarar que compartimos el espíritu que animó la normativa aprobada hace apenas horas.

En tal sentido, consideramos que la preceptiva de mención constituye una medida positiva en la medida que procura compensar, al menos en parte, los efectos del notorio incremento en los precios y, particularmente, en la canasta básica de alimentos, que se ha agudizado en los últimos meses.

Como todo impuesto indirecto, el IVA afecta con mayor dureza a aquéllos sectores que destinan sus ingresos mayormente al consumo. Morigerar su voracidad sobre los sectores de menores ingresos, entonces, torna claramente menos regresivo nuestro sistema tributario o, para decirlo menos técnicamente, más justo.

El repaso de los actores sociales que verán aliviados sus ingresos con los alcances de la ley no hace más que reforzar el convencimiento con que votamos su sanción.

En efecto, el universo alcanzado se conforma con quienes perciban jubilaciones y pensiones por fallecimiento con haberes mínimos, asignación universal por hijo para protección social, asignación por embarazo para protección social y pensiones no contributivas nacionales con percepciones mínimas también. Asimismo, podrán engrosar ese segmento aquellos beneficiarios de prestaciones similares en los ámbitos locales cuyas autoridades competentes suscriban acuerdos con la autoridad de aplicación de la ley.

Acaso con mayor mezquindad y menor premura de la que esperábamos, no resulta un dato menor que la norma se origina en un proyecto del Poder Ejecutivo, lo que la erige en la primera iniciativa, después de meses de gestión, enfocada a los sectores más postergados de nuestra sociedad.

Suficientemente aclaradas nuestras coincidencias con el sesgo distributivo de la ley que acompañáramos con nuestro voto, no podemos dejar de señalar que los efectos de la misma, lamentablemente, tienden a generar otras inequidades, esta vez referidas al reparto de fondos de coparticipación entre la Nación y las provincias.

Al respecto debemos considerar el momento crítico que están enfrentando las finanzas públicas provinciales por la evolución de los ingresos, tanto los de fuentes propias como los que les corresponden en concepto de coparticipación de impuestos nacionales.

Esto se debe a diversas razones, entre ellas el proceso de crecimiento en los precios que ha causado caídas importantes en los niveles de consumo. Como corolario de ello se verifican disminuciones en los niveles de actividad económica, particularmente en la construcción y la industria.

Sin dudas que este escenario impacta en forma directa en la arcas públicas. Cuando se analiza la recaudación a valores constantes, se verifica una caída de la recaudación de impuestos tanto nacionales como provinciales que, si bien a valores nominales pueden reflejar un leve crecimiento, siempre son menores que los crecimientos de índices que miden la inflación.

Por otro lado, el efecto de los cambios de los objetivos de la política tributaria implementada en los últimos meses, entre los que se destaca la baja de retenciones a las actividades de producción primaria,genera un fuerte impacto en los fondos destinados a proyectos de infraestructura provinciales y municipales. Asimismo, las medidas tendientes a disminuir la presión tributaria sobre los salarios con el aumento de los mínimos no imponibles en el Impuesto a las Ganancias también le reportaron a los gobiernos provinciales la resignación de recursos provenientes de este gravamen.

En ese contexto, el impacto de esta Ley sobre el financiamiento de las provincias, tal como fue aprobada, profundizará la tendencia a la caída de la masa de impuestos coparticipables. A tal punto ello es así, que la restitución del 15% de la coparticipación, recientemente negociada por la Nación con las provincias, se volverá estéril por la resignación recaudatoria del Impuesto al Valor Agregado que esta ley estatuye. Las autoridades del Ministerio de Hacienda ubican su costo fiscal en $30 mil millones, lo cual implica una mengua de casi la mitad de dicha suma para el conjunto de las provincias después de la distribución primaria, importando una merma enorme para los recursos de las ya debilitadas arcas provinciales.

Es por ello que proponemos, en el presente Proyecto, una norma complementaria del sentido de justicia distributiva que ha alentado a la ley recientemente aprobada, esta vez también en la dimensión de la equidad territorial que exige nuestro federalismo.

Es por ello que a través de este proyecto de Ley propiciamos que el sistema de reintegro sea financiado en su totalidad por aquel porcentaje que le corresponde a la Nación en virtud de la distribución del monto recaudado de los impuestos coparticipables, de conformidad con la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales.

Finalmente, y a efectos de disipar las objeciones constitucionales que se podrían formular a que este Senado sea cámara de origen en esta materia, es necesario acudir al criterio de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este Cuerpo por el que sostiene que en tanto no se creen cargas impositivas cabe estar al principio general consagrado en el artículo 77 de la Constitución Nacional de que las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso.

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